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dabicilandia

Pero que tonto eres

Según informaba la web EL CONFIDENCIAL el 21 de septiembre de 2006 “durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (...) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (...)

A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera”.

Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander , Emilio Botín, “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”
Pues bien, el diario El País informaba el 27 de mayo de 2008 que para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese banco, el ex ministro de economía Rodrigo Rato, presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y ahora Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra
la citada entidad bancaria o sus representantes”. Gracias a lo cual, su presidente ni siquiera fue juzgado por esas actuaciones.
¿Alguien puede pensar que el presidente del Banco de Santander se libró de dar cuenta de esas actividades por otra razón distinta a la de ser el banquero más rico y, precisamente, por ello, más
poderoso de España?
E igual que a él le pasaría seguramente a las 1400 personas –un 0,035% de la población- que por sí solas controlan las organizaciones esenciales de la economía española y una capitalización equivalente al 80,5% del PIB.

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